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¿Un corso a contramano?

DECLARACIÓN PÚBLICA

CRYSOL, asociación de ex-presos políticos de Uruguay, ante las diversas informaciones de prensa referidas a un proyecto de ley de reparación integral que el gobierno está preparando declara que:

La desaparición forzada de personas, el traslado y la ejecución sumaria de prisioneros, el robo de niños y el cambio de identidad, la práctica sistemática de la tortura, las violaciones, los abortos provocados, la omisión de asistencia en el Hospital Militar, fueron crímenes que se planificaron y ejecutaron desde el Estado, con equipos especializados, entrenados y formados para su realización, y esas violaciones contaron con la participación o complicidad de civiles y de medios de comunicación. Esos crímenes dejaron una secuela de horror y muerte que aún pesan en la sociedad uruguaya.

2. Es de conocimiento público que se organizaron operaciones ilegales: Cóndor, Morgan, etc., realizadas por las FFAA en su conjunto, ejército, marina y aviación, y por la policía con la colaboración estrecha de los servicios de Relaciones Exteriores. La tortura sistemática y masiva practicada en nuestro país, los traslados ilegales de prisioneros así como las inhumaciones clandestinas, los numerosos centros de tortura que funcionaron en todo el territorio nacional, son parte de la represión y el Terrorismo de Estado que sustentó a la dictadura.

3. La parte de la verdad que se ha logrado construir en los años post-dictadura la debemos principalmente a la lucha de los familiares, de los ex-presos políticos, de los sobrevivientes de los “pozos”, y a los organismos de derechos humanos en su conjunto. Todos ellos siguen clamando por VERDAD y JUSTICIA y solicitan que el Estado apoye activamente las investigaciones, dando protección a las víctimas y constituyéndose parte civil en los juicios junto a las asociaciones de derechos humanos.

A más de 24 años del retorno a la institucionalidad democrática llegó el momento de que el Estado uruguayo:

1. Asuma su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad, inamnistiables e imprescriptibles, y que se investiguen todas las denuncias y los recursos de amparo presentados antes, durante y después de la dictadura. Que se lleven adelante los juicios a los responsables intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos humanos, según estipula la legislación nacional e internacional, garantizando así el NUNCA MáS.

2. Que los ex-presos políticos y todo el universo de víctimas de la dictadura deben ser reparados por el proyecto de Reparación Integral actualmente a estudio del Poder Ejecutivo. Que la Resolución 60/147 de la ONU debe ser respetada ya que trata de manera racional y completa todos los aspectos que deben ser tenidos en cuenta en una norma de estas características. Para ello se debe implementar de manera adecuada y adaptada a la realidad uruguaya los principios básicos de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición.

3. Que una auténtica ley de reparación ajustada a derecho, basándose en la resolución de las Naciones Unidas:

a. Debe incluir el reconocimiento público de los hechos, restablecer la verdad y la aceptación de las responsabilidades inherentes en todos los planos por parte del estado.

b. Debe incluir una declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas y de las personas más vinculadas a ella.

c. Debe establecer conmemoraciones para preservar la memoria colectiva de lo vivido y rendir homenaje colectivo e individual para una adecuada dignificación de las víctimas.

d. Debe afirmar la justicia y reconocer el derecho pleno de las víctimas a acceder a ella promoviendo, además, las investigaciones que correspondan.

e. Debe indemnizar de una manera adecuada todos los daños económicamente evaluables, tales como el daño físico o mental, la pérdida de oportunidades, en especial las de empleo, educación y prestaciones sociales, los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluidos el lucro cesante y los perjuicios morales.

f. Debe asegurar la atención médica y sicológica y el apoyo jurídico y social a todos los efectos que puedan corresponder.

g. Debe incluir en sus beneficios a todas las víctimas sin ninguna distinción perjudicial por motivos de raza, color, género, orientación sexual, edad, idioma, religión, creencia política o religiosa, origen nacional, étnico o social, situación económica, nacimiento, situación familiar o de otra índole o impedimento físico.

h. Debe restablecer los derechos previsionales y pensionarios aún no resueltos o conculcados en las diferentes leyes aprobadas en estos 24 años.

En estas circunstancias CRYSOL afirma:

1. Que la asociación CRYSOL nunca obtuvo para su examen el texto del proyecto de ley que el gobierno actualmente tiene en estudio y que fue elaborado por un grupo de parlamentarios de la fuerza política gobernante.

2. Que el único proyecto de ley reparación integral que se ha presentado públicamente hasta el momento y que cumple con la normativa de DDHH que Uruguay ha ratificado en los foros internacionales, es el que presentó Crysol junto con el Dr. Oscar López Goldaracena el 9 de Julio del año 2007.

3. Que, salvo la ley 15 737 y la ley 17 949, todas las leyes aprobadas desde 1985 hasta el presente han sido leyes de carácter previsional y pensionaria o de reintegro a los puestos de trabajo pero no son leyes de carácter indemnizatorio ni reparatorio como dan a entender las fuentes gubernamentales.

4. La aprobación de una ley de Reparación Integral para todas las víctimas del Terrorismo de Estado es un paso decisivo e indispensable para continuar la transición democrática iniciada en 1985 y barrer con las secuelas de más de dos décadas de cultura de la impunidad. De esa manera se fortalecerá la institucionalidad democrática y el estado de derecho, se aplastará la cultura de la impunidad, se robustecerá la cultura y la filosofía humanitaria, de respeto a los derechos humanos y a las libertades democráticas. Es un paso ineludible para avanzar hacia un Uruguay justo y democrático. Y esa es la única manera de romper con 40 años de silencio y mentiras.

5. La aprobación de dicha ley debe permitir afirmar la justicia como valor conceptual y como norma de vida, para acabar con los vestigios y resabios del terrorismo de Estado y de la cultura de la impunidad, para que el Nunca Más Terrorismo de Estado no sea simplemente una expresión de deseos y tenga sólidas bases jurídicas, políticas, morales y éticas.

6. Es necesario aprobar una ley de reparación integral que abarque a todas las víctimas, a todos los universos de víctimas, sin exclusiones, a todos quienes sufrieron de manera directa violaciones a sus derechos por parte del estado, de sus instituciones, de sus funcionarios y de sus agentes, en Uruguay y fuera del país, durante la gestación y durante todo el desarrollo del proceso cívico militar.

Por la anulación de la Ley de Caducidad

Por Verdad, Justicia, Memoria y Reparación Integral

Crysol asociación de ex pres@s polític@s de Uruguay