RECIBIMOS DE CROS. DE CRYSOL..

La Diaria. Viernes 23 de enero 2009

Saldos y Rechazos

Rafael Sanseviero

Enero ya no descansa. Los reyes magos 2009 nos trajeron anuncios, predicciones y réplicas sobre los posibles contenidos de una, también posible aunque todavía incierta, ley de reparación integral para víctimas uruguayas de su Estado terrorista. No hubo mención al oro, el incienso ni la mirra, seguramente porque a estos efectos conviene un brillo laico, si es posible enceguecedor.

La investigación y la acción del gobierno frenteamplista sobre el terrorismo de Estado produjeron resultados imposibles bajo administraciones blancas o coloradas. Es verdad; y también es cierto que subsisten y se reproducen discursos estatales inaceptables desde una perspectiva básica de derechos. La reparación integral dará oportunidad para apreciar en qué medida las izquierdas son capaces de generar, en el curso real de su proyecto de país, nuevas condiciones para el ejercicio de antiguos derechos. Será un test a la izquierda, no a la derecha ni a las sociedades del rifle.

La evaluación se basa en criterios sencillos y sin márgenes para improvisar. Para elaborar su proyecto de reparación, el Frente Amplio contó con un texto articulado que le propuso Crysol, una de las organizaciones sociales representantes de víctimas del terrorismo de Estado. Éste se redactó con referencia a la Resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas (“Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”).

Las fuentes de la Resolución 60/147 son el esqueleto, la carne y el alma del derecho internacional de los derechos humanos, en un recorrido que parte de la Declaración Universal y se nutre de múltiples convenios, tratados, pactos, declaraciones, convenciones y otros productos del proceso de universalización y especificación del derecho internacional humanitario (http:// www.un.org/Depts/dhl/resguide/r60sp.htm).

A beneficio del legislador, la propuesta de Crysol reúne la vivencia directa del terrorismo de Estado uruguayo con la experiencia y los consensos internacionales en la materia. La ley que presente el Frente Amplio y apruebe el gobierno permitirá apreciar a qué distancia del sistema de derecho internacional en la materia quiere ubicar su elite gobernante a nuestro “Estado Parte”.

Ese sistema prescribe, entre otras medidas, que para una efectiva reparación se debería “facilitar en forma equitativa y efectiva el acceso a la justicia y la interposición de recursos para reclamar y obtener reparaciones por los daños sufridos individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales”. Hace hincapié en que los potenciales reclamantes gocen “de una consideración y atención especiales para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación” no impliquen su revictimización. En general, el derecho a la reparación debería ser “imprescriptible” y aplicable “de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso”, mediante “una reparación plena y efectiva” que incluya “restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”.

Lo mencionado establece contenidos necesarios para una reparación integral según el derecho internacional. No se trata de la publicidad de una liquidación de temporada, donde cada quien manotea en la mesa de saldos la barata política, económica o simbólica que le conviene.

Los agentes del Estado progresista deberían tener muy presente que la usura por deudas reparatorias es muy abultada y corre siempre por cuenta de las víctimas. No hay motivos para dudar de que así suceda… pero es que la vocería del 6 de enero sonó mala y repetida. Mala porque en esta materia, si Uruguay no rectifica radicalmente a Uruguay, se profundizarán los daños. Y sería peor aun si no se rebasan los límites y categorías establecidas desde las antiguas sociedades armadas y el Estado terrorista.

El plano más exigente en las acciones reparatorias es el lugar social desde donde son conceptualizadas y se definen sus contenidos. Debe ser con la perspectiva del más débil -la sociedad civil- y contra el interés del poder, anterior o actual.

Posdata: poco se avanza con un Estado que pide “perdón”, categoría políticamente inaceptable, más allá de su prestigio en el confesionario. El derecho internacional exige “una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades”. Así de complicado. ■